La Fiscalía y la Policía realizaron varios allanamientos en los últimos días para desmantelar una supuesta red de venta de cargos y nombramientos en el Instituto de Previsión Social (IPS). Según las denuncias, los implicados cobraban entre 6 a 10 millones de guaraníes a las víctimas, a quienes les prometían un puesto de trabajo en la institución. “Supuestamente había personas que se iban al hospital central a hacer su enrolamiento a las 5 o a las 6 de la mañana”, detalló José González, director jurídico del IPS.
El enrolamiento consistía en registrar las huellas dactilares de los interesados en un reloj biométrico similar al que usa el IPS, para simular que iban a ingresar a la institución. Los implicados también usaban un formulario de posesión de cargo que era utilizado en la administración anterior. “Pasaba el tiempo y las víctimas nunca tenían acceso a la resolución por la cual supuestamente se les nombraba. No iba a existir ese caso porque el presidente no iba a firmar esa resolución en esa circunstancia con esas condiciones”, explicó González.
El director jurídico indicó que, desde que no se les dejó más ingresar a la institución, los implicados se trasladaron a un domicilio particular donde hacían los enrolamientos, que fue una de las viviendas que fue allanada hace dos días. En ese lugar se encontraron documentos, dinero y un reloj biométrico.
González también reveló que una de las personas cuya casa fue allanada había denunciado el año pasado que se le extrajo de su casa 136 millones de guaraníes, que él cree que era el producto de las ventas de los contratos. Asimismo, dijo que había algunas personas que tenían un salario, supuestamente, y que se les pagaba del dinero que ellos recaudaban. “Eso es lo que se está investigando también ahora, porque teníamos también denuncia de que supuestamente había personas que no forman parte del plantel de la institución, pero que se van a la institución”, afirmó.
Estimó que son bastantes las víctimas de este esquema, ya que según una persona que colaboró con la investigación y la entrega vigilada, él tiene varios colegas que también pagaron o compraron su contrato con la promesa que saldría su contrato. Además, mencionó que había un grupo de WhatsApp donde estaban más de 200 personas, según la captura de pantalla que recibieron.
González también informó que identificaron un caso de una persona que supuestamente ingresó por la ley de discapacidad, pero que no cuenta con discapacidad, que también está siendo investigada. Por otro lado, dijo que en los otros domicilios allanados no fueron encontrados nada, ni las personas buscadas.
Entre las personas detenidas por estos casos se encuentra Fátima Agüero, abogada y exasesora de la senadora Zenaida Delgado. según González, esta mujer usaba a su favor fotos con políticos para engañar a la gente. “Yo nunca le vi, pero los que denunciaron tenían un factor común, todos decían que hablaban con una abogada de nombre Fátima Agüero, que decía que iba a ser asesora jurídica o que iba a tener un cargo”, manifestó.
Finalmente, González dijo que se presentó a la institución Eduvigis Espínola, un funcionario del IPS que tenía orden de captura, y que está detenido en la institución. En cambio, Manuel Juvenil Ferreira se dio a la fuga y no se le pudo encontrar en su domicilio. Aparentemente, se le avisó del procedimiento.
