La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) solicitará un informe oficial al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tras la publicación de una investigación periodística que reveló el uso personal de una camioneta incautada por parte del ministro Juan Carlos Baruja. El vehículo, una Audi Q3 del año 2016, fue incautado en 2018 en el marco del Operativo Berilo, que involucró al presunto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.
“Ahora que hemos tomado conocimiento de estos acontecimientos, vamos a solicitarle un informe para que la institución pueda hacer oficialmente su descargo”, declaró Gonzalo García, director jurídico de Senabico. El funcionario explicó que, una vez recibido el informe, se elevará la situación a la máxima autoridad de la institución. “Se va a elevar a la máxima autoridad la situación irregular, a los efectos de que se dé cumplimiento a lo que está establecido en nuestro convenio”, afirmó.
La camioneta fue asignada al MUVH en septiembre de 2024 mediante un acuerdo específico que estableció su uso exclusivo para fines institucionales. Sin embargo, una investigación de GV Multimedios documentó que el vehículo fue utilizado por el ministro Baruja para trasladar a un alumno a un colegio, lo que constituye una violación al convenio firmado entre ambas instituciones. El acuerdo fue renovado el 6 de agosto de este año y extendió el plazo de devolución del vehículo hasta agosto de 2027.
García indicó que el procedimiento dependerá del diligenciamiento interno de los informes y del tiempo que tome la respuesta del MUVH. “Dependería del diligenciamiento interno de los informes, así como también del tiempo que respondan y la gestión interna en cada institución”, explicó.
El director jurídico también detalló los criterios que Senabico aplica para asignar bienes incautados. “El criterio está establecido en la propia norma: uno, que sea institución pública; dos, que cuente con los recursos de mantenimiento; y tres, que se priorice a las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen organizado”, señaló. García aclaró que algunos vehículos no son solicitados por estas instituciones debido a su alto costo de mantenimiento o incompatibilidad con los talleres oficiales. “Hay vehículos que no son de interés de la Policía Nacional porque tienen un alto costo de mantenimiento”, agregó.
Consultado sobre otros casos similares, García mencionó el caso de Noelia Cabrera, quien también fue denunciada por el uso indebido de un vehículo incautado. “Se hicieron las consultas y se hizo un descargo. No sabría decirle con precisión cuál fue el fundamento, pero en ese caso no se le terminó sacando el vehículo”, indicó. Según explicó, el vehículo fue asignado a una la Conaderna y actualmente está siendo utilizado para fines institucionales.
