Raúl Antonio Ramírez, viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, habló sobre las denuncias de irregularidades en la calidad y distribución de la merienda escolar. Aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) están tomando medidas inmediatas ante estas denuncias.
“Nosotros, a medida que aparece la denuncia, automáticamente lo estamos. En el caso de Itapúa, específicamente, y otro departamento, automáticamente”, explicó. Detalló que el CONAE, que opera dentro del Ministerio de Salud bajo la presidencia del ministro Atilio Rojas, solicita rendiciones y acciones tomadas en respuesta a las denuncias. “En ese orden de cosas, después el CONAE puede intervenir”, añadió.
El viceministro aclaró que las gobernaciones son los responsables directos de todo lo que ocurre dentro de su departamento en cuanto a la administración de contratos y gastos relacionados con la alimentación escolar. Sin embargo, también destacó la responsabilidad del CONAE en el control de la ejecución de la alimentación escolar.
Ramírez enfatizó que si la gobernación no actúa ante una denuncia, el CONAE tiene la potestad de intervenir directamente y tomar acciones judiciales o aplicar multas por incumplimiento de contratos. “Automáticamente nosotros ya pedimos por nota mediante del CONAE al gobernador que haga su descargo al respecto de eso”, indicó. Si el descargo no es satisfactorio, el CONAE puede enviar auditores y asesores jurídicos para labrar acta y recomendar la aplicación de multas.
En casos donde se comprueba que la empresa adjudicada no tiene la capacidad para proveer el servicio en las condiciones necesarias, el CONAE tiene la potestad de anular el contrato y llamar a una nueva licitación. Añadió que el CONAE puede sugerir la descontratación de la empresa por no cumplir con los términos contractuales y las condiciones del pliego de bases.
