El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, presentó una solicitud formal al Tribunal de Cuentas para que evalúe su gestión administrativa desde el año 2020 hasta el 2023. El objetivo es anular el informe emitido por la Contraloría General de la República que cuestiona su desempeño al frente de la Municipalidad de Asunción.
La controversia se centra en la auditoría realizada por la Contraloría, que señala presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos durante el período mencionado. El informe pone en tela de juicio la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal.
La abogada penalista Cecilia Pérez, exploró los aspectos legales y las implicancias de esta solicitud ante el Tribunal de Cuentas. Explicó que la figura de la cuestión prejudicial está establecida en el proceso penal.
Aunque el caso aún no está judicializado formalmente, la presentación ante el Tribunal de Cuentas no está condicionada por la etapa actual de la investigación. “La cuestión prejudicial permite abordar aspectos administrativos independientemente del proceso penal en curso”, subrayó la abogada.
Enfatizó que el Tribunal de Cuentas no determina responsabilidad penal, sino administrativa. “La ley vigente, aplicada desde 2022, establece claramente que la responsabilidad administrativa es autónoma y no está supeditada a la penalidad (artículo 78)”.
Pérez aclaró que la resolución del Tribunal de Cuentas será un elemento más en el cúmulo probatorio. Sin embargo, no detendrá ni obstaculizará el avance del proceso penal. “El Código de Procedimiento contra Hechos Administrativos permite que ambas instancias sigan su curso de manera independiente”, dijo.
