El funcionario precisó que la suma se divide en dos componentes: USD 358.719.147 correspondientes al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, regido por los límites de la Ley 7235/2023, y USD 157.160.251 pertenecientes a fondos operativos.
Según detalló, estos recursos operativos estaban destinados al pago de jubilaciones, salarios del personal de blanco y gastos administrativos rutinarios del instituto.
Respecto a la selección de la entidad, indicó que el banco reunía los indicadores financieros requeridos y pagaba un rendimiento promedio de “alrededor de 5,85" por ciento para las cuentas a la vista.
Aclaró que no se aplicó una simple modificación reglamentaria, sino “una nueva matriz de evaluación de entidades financieras” encomendada por el Consejo de Administración en octubre de 2023.
Según el director, este nuevo instrumento buscó elevar la rigurosidad frente a los parámetros que regían anteriormente.
El responsable de las inversiones prestatarias explicó que el modelo examina en conjunto aspectos como solvencia patrimonial, calidad de activo, rentabilidad, liquidez, eficiencia y calificación de riesgo.
Díaz argumentó que con el esquema derogado no se determinaba el nivel de gestión real de los bancos, defendiendo que bajo la metodología actual un mínimo de “60 puntos era suficiente” para considerar apta a una entidad financiera en las licitaciones y colocaciones.
