Duarte cuestionó la postura de la fiscalía sobre la supuesta falta de involucrados, afirmando que “este es un caso como pocos estructurados y formalizados para poder cometer varios hechos punibles”.
Según el jurista, la estructura se montó desde el inicio de la gestión gubernamental mediante reformas normativas diseñadas para flexibilizar controles y captar fondos del IPS y otros entes del Estado.
En su análisis del esquema financiero, el profesional del derecho detalló que se alteraron los estándares de seguridad patrimonial para diferir deudas a 20 años y simular una falsa solvencia institucional.
Remarcó la presunta complicidad de altas autoridades de control, denunciando que “el presidente del Banco Central del Paraguay cobraba a través de su esposa mensualidades de Bueno Bank” mientras se desviaban recursos a empresas sin solvencia crediticia.
Asimismo, enfatizó que existió “un concierto de funcionarios públicos para cometer este hecho punible como nunca”, utilizando aparatos estatales.
Duarte aseveró de manera categórica que el expresidente “no puede justificar todo el patrimonio” adquirido durante su periodo en el cargo, haciendo especial referencia a la compra de su vivienda particular.
