Dante Leguizamón, abogado y defensor de derechos humanos, defendió el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que fue postergado por la Cámara de Senadores por iniciativa del bloque cartista. El jurista explicó que la propuesta legislativa introduce cambios sustanciales respecto a la normativa actual y que busca garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de riesgo.
“Primero, el proyecto plantea la creación de un órgano autónomo”, afirmó Leguizamón. Indicó que este nuevo ente público contará con la participación directa de altas autoridades, organizaciones de periodistas, entidades de derechos humanos y especialistas. “Va a existir una importante participación de autoridades en el abordaje de eventuales situaciones de riesgo”, sostuvo.
El mecanismo propuesto incluirá estrategias de protección y prevención, con capacidad para diseñar planes de seguridad personalizados. “La nueva ley tiene esas facultades”, aseguró. Leguizamón comparó el proyecto con la mesa de seguridad de periodistas vigente, que calificó como ineficaz. “Hoy existe una mesa sin presupuesto, integrada por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, pero los representantes públicos no tienen poder político ni influencia efectiva”, denunció.
El abogado explicó que, por falta de recursos, las medidas de protección solicitadas por la mesa no se concretan. “No hay acompañamiento cercano, no se arma un plan de seguridad, no hay discusión sobre medidas pertinentes”, señaló. Leguizamón destacó que el proyecto fue discutido desde 2019 con instituciones públicas, comisiones del Senado y organizaciones civiles. “En las últimas semanas logramos una coincidencia y un texto con todas las comisiones”, afirmó.
Ante la consulta sobre cómo actuaría el nuevo organismo en caso de una amenaza de muerte a un periodista, Leguizamón detalló que tres funcionarios públicos estarían dedicados exclusivamente al diseño de estrategias de seguridad. “Eso hoy no existe”, advirtió. El mecanismo podría determinar medidas urgentes, como el acompañamiento policial, la evacuación de la vivienda o incluso la salida del país.
“Puede comunicarse directamente con la Policía Nacional y pedir el acompañamiento policial a esa persona”, explicó. El abogado señaló que el sistema actual obliga al periodista a costear el viático del agente asignado. “Hoy por hoy no hay ningún recurso para eso”, lamentó. Leguizamón insistió en que el proyecto contempla fondos específicos para garantizar la protección sin que la víctima deba asumir los costos.
