El Ministerio Público presentó en la madrugada de este miércoles acusaciones formales contra dos jueces en funciones, dos ex jueces, varios funcionarios judiciales y abogados representantes de empresas de cobranzas, en el marco del caso conocido como la “mafia de los pagarés”. La fiscal Belinda Bobadilla, una de las agentes que investiga el esquema, explicó que las acusaciones se centraron en hechos ocurridos en cuatro juzgados de Paz de Asunción: La Encarnación, Recoleta, Catedral 2° Turno y San Roque.
“Lo que se presentó esta madrugada fue relacionado a hechos vinculados a cuatro juzgados de paz de la Encarnación”, indicó Bobadilla. La fiscal aclaró que aún queda pendiente la presentación del requerimiento conclusivo correspondiente al quinto juzgado de Paz de Asunción, cuyo plazo vence el 1 de octubre. “El equipo conformado por los doctores Jorge Arce, Leonardo Guerrero y quien habla tiene plazo para presentar el requerimiento conclusivo en una semana aproximadamente”, agregó.
La acusación se basó en la misma teoría sostenida desde la etapa de imputación, pero reforzada con nuevas diligencias investigativas realizadas en los últimos seis meses. “El Ministerio Público considera que se encuentran con suficientes fundamentos para solicitar a los juzgados que celebren la causa judicial y pública por los hechos punibles de prevaricato”, afirmó Bobadilla.
Según la investigación, los jueces dictaron resoluciones judiciales en juicios de contenido económico, a pesar de saber que los actos procesales requeridos para la legalidad del procedimiento no se realizaban. “En estos procesos judiciales se hacían una suerte de simulación de actos procesales necesarios para la legalidad de los procesos”, explicó la fiscal.
Bobadilla detalló que las notificaciones por parte de los juzgados notificadores no se efectuaban, al igual que las intimaciones de pago y embargos que debían realizar los oficiales de justicia. “Con ese conocimiento se dictaban resoluciones judiciales como los autos interlocutorios por los cuales se tenían por reconocidas las firmas en los pagarés debido a la incomparecencia de los deudores”, señaló.
El Ministerio Público sostuvo que los deudores no se presentaban porque no tenían conocimiento de los juicios, ya que no eran notificados. “Esto también se sostiene que el dictamiento de estas resoluciones judiciales era a petición de los abogados, quienes proponían la realización de estos trámites a los juzgados e instaban el proceso”, indicó Bobadilla.
La fiscal aclaró que el impulso procesal por parte de los abogados no es ilegal en sí mismo, pero en este caso se realizó con conocimiento de que los actos procesales no se cumplían. “El pedido de hacer avanzar el proceso formulado por los abogados era con la representación y voluntad de que las notificaciones, intimaciones de pago y embargos no se estaban realizando”, sostuvo.
El objetivo del esquema era avanzar rápidamente en los procesos judiciales sin que los deudores fueran informados, para llegar a embargos ejecutivos y descuentos de salarios, especialmente de funcionarios públicos. “Se buscaba llegar de la forma más rápida a los estados de embargos ejecutivos y descuentos de los salarios”, comentó Bobadilla.
