Varela consideró que el hecho conmocionó a toda la nación y planteó serias dudas sobre el criterio aplicado por el magistrado que liberó al principal sospechoso, quien había sido condenado por abuso contra la misma menor años atrás.
“Sí, por supuesto. Es un hecho muy grave que conmociona a toda la nación y desde luego que estamos observando con mucho detenimiento”, afirmó Varela. Sostuvo que el caso obliga a una reflexión profunda sobre las medidas judiciales, especialmente cuando la persona beneficiada con libertad condicional residía a metros de su víctima.
El legislador manifestó que el sistema judicial no puede limitarse a aplicar las leyes sin considerar el contexto fáctico de cada decisión. “No podemos decir que solamente consiste en aplicar las leyes. Aquí hay una persona tan niña fallecida y otra que estuvo recluida por haber abusado ya en un proceso anterior, además fue condenado”, subrayó.
Insistió en que la libertad condicional no debió otorgarse sin una evaluación de riesgo territorial. “La decisión no solamente por cumplir las dos terceras partes o porque ya pueda tener libertad condicional debía generar un hecho fáctico tan lógico como evitar que esté a metros de la víctima, que inclusive ya tenía antecedentes”, enfatizó.
Explicó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados posee facultades para intervenir incluso sin denuncia formal, cuando se trata de un caso grave y de alto interés público. “El jurado, por atribución legal, puede de oficio solicitar un análisis jurídico, una investigación preliminar, y en su caso, concluir en un enjuiciamiento de responsabilidad funcional de tanto el juez como el fiscal”, señaló.
Varela citó el artículo 18 de la Ley 6814, que autoriza al jurado a actuar frente a hechos que “afectan el interés público o social y que sean graves”. Según dijo, el caso reúne todas las condiciones para iniciar al menos una revisión preliminar, que eventualmente podría derivar en un proceso formal.
“Lo más probable es que sí solicitemos la carpeta. Eso permitiría un análisis jurídico que, si concluye en responsabilidad, podría justificar un enjuiciamiento”, declaró.
El senador no descartó que la Corte Suprema de Justicia también analice el episodio por la vía de auditoría administrativa. “Es muy probable que la Corte solicite una auditoría en casos de esta naturaleza”, señaló.
