Según explicó, los hallazgos ratificaron al menos cinco de los doce puntos señalados por la Contraloría General de la República, con indicios documentales de violaciones sistemáticas a la Ley de Contrataciones Públicas, uso indebido de fondos públicos y presunta elusión de controles institucionales.
“Nosotros accedimos a la documentación y, en base a ella, identificamos que todas las observaciones planteadas por la Contraloría son confirmadas. No solo confirmadas, sino que también detectamos una estructura sistemática de evasión de normas”, declaró Ramírez.
Explicó que el esquema detectado incluía el uso de comisiones vecinales como vehículos administrativos, a través de los cuales se realizaban aportes violando todas las reglas que regulan la entrega de fondos públicos. “Es penoso. Utilizaron a las comisiones vecinales para esquivar controles, fraguar procesos de selección y adjudicar obras con empresas que ya estaban previamente definidas”, sostuvo.
Detalló que las disposiciones que otorgaban los aportes se emitieron antes del inicio de los procesos de selección, lo que permitió a las empresas beneficiarias “adivinar” el monto exacto de adjudicación incluso antes de participar formalmente. “Las empresas seleccionadas adivinaban hasta el último guaraní del aporte. Y con eso se adjudicaban las obras”, afirmó.
Uno de los aspectos más graves revelados fue la ejecución de pagos con cheques cobrados por empresas incluso antes de que se les adjudicara formalmente la obra pública. “Pagos se realizaron, inclusive con cheques efectivizados por empresas, que antes de la adjudicación formal procedieron a cobrar por ventanilla”, denunció el interventor.
La documentación también mostró que algunas comisiones vecinales no presentaban certificados de cuentas bancarias válidas, requisito obligatorio por norma. Según Ramírez, estos datos podrían vincularse incluso con indicios de lavado de dinero, aunque esa línea investigativa aún no fue confirmada oficialmente.
Ramírez subrayó que los mecanismos identificados constituían una “clara elusión de procesos de contrataciones públicas”, y que la intervención detectó un patrón de conductas que buscaban desviar los controles internos y externos. “Montaron procesos de selección con empresas ya elegidas de antemano. Inclusive antes de adjudicarse, ya cobraban los cheques”, insistió.
