Hasta documentos de escribanía habrían falsificado para apoderarse de G. 725 millones

Mario León Caballero es el responsable de la escribanía que figura en el poder otorgado para efectivizar G. 800 millones en concepto de indemnización en beneficio a dos familias vulnerables que sufrieron la pérdida de sus seres queridos a causa de un cable suelto de la ANDE en Caaguazú.

“Deberá ser un documento falso. Yo no autoricé nada”, refirió el escribano que trabaja en Ybycuí, departamento de Paraguarí. El dinero se retiró en el Banco Nacional de Fomento de Repatriación, departamento de Caaguazú.

Ante esta situación ya no solo se habla de apropiación, estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles sino incluso falsificación de documentos y asociación criminal.

8 o 9 personas están en la mira de la Fiscalía. Entre estas la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa. Ella y un abogado son los principales sospechosos de fraguar esta apropiación de G. 725 millones de dos familias que viven en la pobreza. Una de las víctimas tiene 77 años, reside en una casa de madera, tiene problemas para caminar y es analfabeta.