Rojas señaló que el Ministerio del Trabajo llevó adelante una fiscalización exhaustiva, detectando tanto avances en la formalización como problemas laborales. Según el ministro, el proceso de inspección reveló que el número de empresas formalizadas aumentó significativamente, pasando de 5.000 en el año anterior a más de 12.000 en la actualidad.
“Se ha logrado aumentar la formalización… en los registros de IPS y del Ministerio del Trabajo”, afirmó Rojas. Sin embargo, también reconoció que hubo observaciones importantes en el cumplimiento de las normativas laborales.
Las inspecciones realizadas por el Ministerio del Trabajo incluyeron cerca de 300 entrevistas en instituciones educativas, donde se detectaron irregularidades relacionadas con el pago de horas extras, descuentos indebidos y costos por uniformes que recaían sobre los empleados. “Ellos están revisando conforme a la normativa para aplicar dentro de lo que establece el Código Laboral las sanciones que corresponden”, explicó el ministro.
Agregó que el Ministerio de Desarrollo Social exige a las empresas adjudicadas la presentación mensual de documentos ante el Instituto de Previsión Social (IPS) como requisito para la liquidación de pagos.
Consultado sobre quién tiene la facultad de sancionar a las empresas que incumplen normativas laborales, Rojas aclaró que esa responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio del Trabajo. “Es como una empresa cualquiera que es fiscalizada, registrada, controlada… tanto por el tema del pago de seguro social y el cumplimiento de las leyes laborales”, sostuvo.
Respecto a los contratos firmados con las empresas adjudicadas, el ministro explicó que existen bases y condiciones que establecen la cantidad de empleados requerida según la cantidad de alumnos en cada institución educativa. Sin embargo, indicó que cualquier irregularidad en el ámbito laboral debe ser abordada bajo el Código Laboral.
“Si el Ministerio del Trabajo encuentra irregularidades irrefutables, sancionables… tendrán su procedimiento y, si son reiterativas, podrán recomendar sanciones o la rescisión del contrato”, señaló.
