El Ministerio Público presentó ayer su requerimiento conclusivo contra Alexandre Gomes Rodríguez, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y lo acusó por narcotráfico, asociación criminal, lavado de dinero y otros delitos conexos.
La fiscal Ingrid Cubilla, integrante del equipo investigador junto a Andrés Arriola y Elva Cáceres, afirmó que Gomes lideró una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones en Paraguay, Bolivia y Brasil, y que utilizó los vínculos políticos y judiciales de su padre para blindar el circuito ilícito.
“Los allanamientos fueron positivos. Nos otorgaron información suficiente y necesaria”, declaró Cubilla. La investigación se inició a partir de la adquisición de la estancia Negla Poty, vinculada a la estructura de Jarvis Chimenes Pavão, y permitió establecer líneas investigativas que conectaron a Gomes con múltiples organizaciones criminales.
Inyección de dinero ilícito al sistema bancario
Cubilla explicó que el equipo fiscal identificó que Gomes inyectó dinero ilícito al sistema financiero, y que prestó apoyo económico a estructuras criminales mediante casas de cambio y empresas pantalla. “Financió operaciones, entregó dinero a organizaciones y utilizó el sistema bancario para lavar activos”, sostuvo.
Detalló que la evidencia digital incautada, junto con la información obtenida del sistema Sky ECC mediante cooperación con Interpol y Francia, permitió confirmar que Gómez no solo colaboraba con facciones criminales, sino que lideraba una estructura propia.
“Estableció su base de operaciones en Amambay y conectó directamente con zonas productoras en Bolivia. La entrega final se realizaba en territorio brasileño”, afirmó.
Vínculos políticos y judiciales facilitaron blindaje
Cubilla señaló que el crecimiento económico de Gomes se disparó entre 2020 y 2021, en plena pandemia, y que documentalmente lo atribuyó a actividades ganaderas y de construcción. Sin embargo, la fiscalía identificó que el origen real era el narcotráfico.
“Los vínculos de su padre, primero como ganadero y luego como político, le otorgaron acceso privilegiado a instituciones del sistema judicial y de seguridad”, explicó.
Confirmó que Gómez utilizó esa red de protección para coordinar operaciones logísticas, desde la producción en Bolivia hasta la entrega en Brasil. “Estamos hablando de cocaína y marihuana, pero mayormente cocaína”, precisó.
Empresas y operadores vinculados
La investigación identificó que Gómez mantuvo relaciones operativas con Joaquín Damota, Da Rocha y Diego Isaac Benítez, así como con empresas como Pacin Saeca, Cepagro, Agroforestal, Las Quebradas y Anoaki. “Estas firmas están vinculadas a otro procesado del operativo Pavo Real 1, Olenik, quien también forma parte de la estructura de Jarvis”, indicó Cubilla.
Explicó que inicialmente se trató de una colaboración financiera transversal, pero que luego se confirmó que Gomes ejercía liderazgo directo sobre la estructura criminal. “La vinculación con estas personas y empresas se remonta al año 2017, pero la adquisición de Negla Poty en mayo de 2020 fue el punto de quiebre que nos permitió profundizar la investigación”, sostuvo.
Cooperación interinstitucional, clave para el avance del caso
Cubilla destacó que el avance de la investigación fue posible gracias a la cooperación interinstitucional con la Policía Nacional, y a la colaboración internacional con Francia e Interpol. “La información del Sky ECC fue determinante para confirmar el liderazgo de Gomes en el tráfico internacional de drogas”, afirmó.
La fiscal concluyó que el caso representa una red de corrupción y narcotráfico con ramificaciones políticas, judiciales y empresariales, y que el Ministerio Público reunió evidencia suficiente para sostener la acusación ante la justicia.
