El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar sobre la conducta de María Fátima Muñoz, abogada de los padres del supuesto autor del crimen de María Fernanda Benítez (17), quien difundió un video describiendo su actuación en un caso de homicidio doloso mientras se encontraba en una sala de juicio oral del Poder Judicial.
El secretario del Consejo de Superintendencia, Alex Almada, explicó que el caso está siendo investigado para determinar si existe alguna falta administrativa que amerite un sumario. “La Corte Suprema, a través del Consejo de Superintendencia, ha abierto una investigación preliminar respecto a las presuntas irregularidades señaladas que van en relación con la conducta desplegada por estas abogadas”, afirmó Almada.
El funcionario detalló que la investigación se inició luego de la viralización de los videos en redes sociales, los cuales evidenciaban el uso de instalaciones judiciales para fines ajenos a lo procesal. “Actualmente estamos en una etapa investigativa, donde se ha encargado el ámbito de investigación, va a hacer las pesquisas respectivas para efectivamente citar si hay algún tipo de falta administrativa que amerite un sumario administrativo al respecto”, indicó.
El proceso de investigación cuenta con un plazo de hasta noventa días para determinar si se debe tomar medidas disciplinarias. Según Almada, una vez concluido el análisis, el Consejo de Superintendencia presentará un dictamen a la Corte Suprema, quien decidirá los cursos de acción correspondientes. “Estos hechos ya en su momento fueron denunciados y por ende se inició un proceso de investigación mucho antes, de hecho, desde la fecha 23 de mayo”, agregó.
Almada explicó que el Código de Orden y Asesoría Judicial establece normas de convivencia para auxiliares de justicia, y en caso de violaciones, existen sanciones previstas en la Ley 609 de la potestad disciplinaria. “Estamos hablando de responsabilidad administrativa y estos auxiliares de justicia, cuya investigación pueda derivar en una responsabilidad administrativa, puede llegar a traer consigo una sanción tanto de suspensión en el ejercicio de la profesión, apercibimiento con constancia en su legajo, amonestación, y por supuesto la función mayor, que es la casación de la matrícula”, detalló Almada.
El funcionario destacó que el Consejo de Superintendencia busca elevar los estándares de ética en el sistema judicial, evitando el uso indebido de instalaciones destinadas exclusivamente a procedimientos judiciales. “Esto implica obviamente un compromiso, una responsabilidad bien establecida, tanto auxiliares de justicia de gente por fuera del sistema, como también por dentro”, expresó.
