La abogada Cecilia Pérez comentó que en medio hay un agravante ya que la que realizó el trámite a la familia damnificada es una funcionaria pública. Ella utilizó su rol como servidora pública para ser intermediaria entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los afectados.
“No puede ser gestor aprovechar su rol público”, criticó Pérez.
Y no solo eso, sino que además de la ANDE, en medio habría irregularidades por parte del Banco Nacional de Fomento (BNF) por efectivizar a través de un poder que ni siquiera figuraba en Registros Públicos.
“Acá tiene que haber un sumario en paralelo para que colabore a la investigación. El banco en sí por ejemplo tendrá que explicar cómo un gerente autoriza un pago así de esta forma”, agregó la profesional del Derecho.
