Según denunció, la iniciativa terminó por “transformar el derecho a la educación al negocio por el derecho a la alimentación” mediante conglomerados departamentales vinculados al poder de turno.
Asimismo, afirmó que la contratación del personal para la elaboración y distribución de los platos opera como un mecanismo que “se conecta al aparato electoral” para apuntalar la permanencia partidaria.
Espínola sostuvo que la iniciativa “no era parte de un programa educativo integral” ni formó parte de las promesas de campaña, sino que respondió a una maniobra política para afianzar a un sector del oficialismo.
A causa de esta falta de planificación de base, la mayoría de los centros escolares carece de infraestructura básica para la comida, viéndose forzados a “improvisar” comedores y áreas de cocina reduciendo espacios de bibliotecas, salas de profesores o direcciones escolares.
Finalmente, el referente gremial lamentó que los recursos no se aprovecharan para impulsar la doble escolaridad ni contratar docentes de artes, deportes o tecnología.
En ese sentido, advirtió que el financiamiento extraordinario “tiene vencimiento” fijado para julio de 2027 sin un horizonte claro posterior, en un contexto donde ya se han registrado suspensiones del servicio y disminuciones en las raciones entregadas a los alumnos por problemas de transferencias.
