El seguimiento de las imágenes permitió ubicar el bolso en la vivienda de otro funcionario, incautándose en su interior “11 teléfonos celulares y una tablet” junto a cargadores portátiles.
Asimismo, se advirtieron irregularidades en los traslados internos, constatando que uno de los fugados, de “alta peligrosidad”, debía permanecer en máxima seguridad alta y no en un sector de menor control.
A partir de las evidencias halladas, la fiscalía apunta a una red de complicidad que involucra a los mandos superiores del penal. La representante del Ministerio Público remarcó que los controles de acceso son habitualmente estrictos, por lo que resulta imposible que un agente subalterno actuara en soledad para evadir las revisiones institucionales.
En ese sentido, la hipótesis fiscal sostiene que existía un esquema coordinado que facilitaba concesiones irregulares y el ingreso de tecnología prohibida a reclusos con poder adquisitivo.
En ese contexto, la fiscala Sosa confirmó las sospechas iniciales sobre la responsabilidad del director de la penitenciaría y del jefe de seguridad.
La investigación señala que ambas autoridades habrían ordenado a los agentes penitenciarios desaparecer los teléfonos “antes de que lleguen los policías o la fiscalía”, previendo una “requisa general” tras confirmarse la evasión.
La agente indicó que peritos informáticos trabajan en el análisis de los dispositivos incautados para identificar a los usuarios de los aparatos y esclarecer el caso.
