El jefe policial explicó que la intervención fiscal y policial responde a la necesidad de reconstruir la cadena de decisiones administrativas y operativas dentro del sistema penitenciario.
López precisó que la inspección en las oficinas se realizó con el objetivo de “incautar documentos clave para establecer la trazabilidad de la gestión interna y el movimiento de los reclusos”.
Durante las diligencias en las dependencias administrativas, los investigadores procedieron al secuestro de legajos institucionales, resoluciones de traslado y registros de guardia para verificar posibles irregularidades en los protocolos de custodia.
El jefe policial remarcó que las pesquisas buscan identificar si existió negligencia o complicidad por parte del personal penitenciario en el esquema que facilitó la evasión.
