Según su testimonio, ingresó en octubre de 2024 como asesora contratada de la Comisión de Salud y Social del Senado. Explicó que percibía un salario de G. 7 millones más una bonificación de G. 2.100.000, de los cuales debía transferir G. 2 millones cada mes.
“Me dijeron que debíamos pasar un monto mensual, que era nuestro plus. Mi salario era G. 7 millones y mi bonificación era G. 2 millones y este último se iba para ella, a cuentas de terceros”, afirmó la denunciante.
La exfuncionaria sostuvo que los depósitos no se realizaban directamente a nombre de la legisladora, sino a través de cuentas de terceras personas que, presuntamente, se encargaban de la recaudación. Según relató, cumplió con esos pagos de manera regular para evitar perder el empleo.
María aseguró que la situación cambió de forma repentina el pasado 24 de agosto de 2026, cuando recibió la comunicación de que ya no continuaría en funciones. “Era funcionaria contratada, todo marchaba normal hasta que en agosto, el 24, me avisaron que fui desvinculada”, declaró.
