Asimismo, Sosa enfatizó la necesidad de contrastar el texto con la legislación vigente, señalando que deben “ver si no colisiona la ley 7445 con el contrato colectivo”, en referencia a la normativa que exige realizar concursos públicos de oposición para el ingreso y recategorización de personal en el ámbito público.
Respecto al momento en que se pretende tratar el acuerdo —a solo una semana de las elecciones municipales y a poco más de un mes del traspaso de mando del 10 de noviembre—, el edil rechazó tajantemente aprobar el documento a las apuradas. Pese a la presencia de más de 500 funcionarios en la antesala de la Junta, Sosa sostuvo que “no se puede hoy tomar una decisión apurada” y afirmó que los concejales analizarán el texto “coma por coma, punto por punto” con sus asesores.
A su vez, remarcó la responsabilidad de equilibrar los intereses en juego, subrayando que “hay intereses de los funcionarios y hay intereses de los contribuyentes”, por lo que se deben resguardar ambas partes sin perjudicar a la ciudadanía.
Finalmente, el concejal reconoció que lo “lógico” hubiese sido que el documento ingresara tras los comicios para ser evaluado por las autoridades que asumirán el 10 de noviembre, aunque aclaró que, al haber ingresado por mesa de entrada, la junta está obligada a darle trámite.
En este marco, Sosa defendió el rol de la Junta Municipal como órgano político contralor e intentó dar tranquilidad a la población al recordar que el contrato “todavía no está aprobado, no está homologado”. El edil concluyó asegurando que estudiarán el tema “con tiempo y con mucha prudencia” para dictaminar lo que resulte más conveniente para la ciudad y los contribuyentes.
