Autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y directivos de la empresa internacional Atome PLC mantendrán una reunión decisiva en la tarde de hoy para definir los términos de su contrato de compra de energía antes de que expiren los plazos vigentes.
La empresa estatal evalúa la posibilidad de reclamar una garantía de USD 800.000 a partir de la próxima semana si no se alcanza un acuerdo definitivo entre las partes. Frente a este escenario, ambas instituciones establecieron un periodo de diálogo de tres meses —notificado formalmente al Gobierno— con el objetivo de encauzar una conversación técnica y constructiva.
El asesor legal de la firma en Paraguay, Jorge Grossbrown, destacó que Atome PLC tiene el firme compromiso de concretar la mayor inversión privada de los últimos tiempos en el país. El profesional remarcó la autonomía financiera del proyecto al afirmar que “es una inversión absolutamente privada” donde “no hay ningún guaraní, ningún dólar, ningún peso que el gobierno paraguayo tenga que poner” ni esquemas de subsidio estatal.
Asimismo, aclaró que la planta industrial proyectada cuenta con una perspectiva de vigencia de décadas, por lo cual requiere de contratos de suministro de electricidad sólidos que otorguen previsibilidad a largo plazo.
Respecto al costo del suministro, la compañía busca acordar un esquema tarifario equilibrado que responda a las necesidades operativas de ambas entidades. Grossbrown explicó que la prioridad no radica en cerrar una cifra de manera unánime o cerrada, sino en definir “una tarifa funcional para ambas partes” que garantice un escenario de “ganar, ganar para ambas empresas”.
En esta línea, enfatizó la urgencia de sostener discusiones técnicas basadas en números, proyecciones y realidades del mercado para evitar que las condiciones afecten la estabilidad financiera de la ANDE o la viabilidad del emprendimiento privado.
Las negociaciones actuales se desarrollan en un contexto marcado por recientes modificaciones en las normativas del sector energético en Paraguay. Según detalló el representante legal, la promulgación y posterior derogación de decretos enfocados en el sector electrointensivo alteraron el panorama original, generando un “cambio de las reglas de juego” para los inversionistas.
