Ferreiro aseguró que la solicitud responde a una persecución política, similar a otras intervenciones municipales previas. “Claramente hay organismos del Estado que están siendo utilizados para persecución, ya ni disimulan”, afirmó Ferreiro, en referencia al pedido de intervención.
El abogado sostuvo que, aunque algunos señalamientos de la Contraloría podrían ser correctos, otros son exagerados y distorsionados. “Algunas cosas son correctas y otras no, por ejemplo, los pagos se hicieron por cheque y no por vía transferencia”, explicó.
Indicó que, pese a las críticas, el uso de cheques es un método seguro y rastreable, lo que permite seguir la trazabilidad de los fondos.
Uno de los documentos bajo la lupa de la Contraloría es el informe sobre la transferencia de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este, en el marco de la actividad “Navidad Sustentable” en el ejercicio 2023. Sin embargo, la defensa sostiene que la Fiscalía ha obstaculizado el acceso a pruebas que podrían aclarar el manejo de los fondos.
“Es muy fácil decir que no existe la prueba cuando te escondes las veces que se te quiere mostrar”, denunció Ferreiro, y comparó la situación de Prieto con el caso de Mario Ferreiro, exintendente de Asunción, quien enfrentó una serie de denuncias antes de dejar el cargo.
“Ellos presentaron seis denuncias contra Mario Ferreiro y ahora están haciendo exactamente lo mismo”, señaló Ferreiro, sugiriendo que las intervenciones municipales han sido utilizadas como herramienta de presión política.
