Dos personas fallecieron en agosto debido a un cable suelto de la ANDE en Caaguazú. La indemnización se tramitó en menos de dos meses y cada familia debía recibir G. 400 millones.
La funcionaria del Congreso, Anadelia Acosta Armoa comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, es sospechosa de apropiarse de G. 725 millones.
“Anadelia es una vecina que siempre se acerca a ayudar a las demás. Entonces, se acercó a la señora de 77 años y le dijo que le iba a ayudar a cobrar ese trámite, la señora era de muy escasos recursos, no sabe leer ni escribir”, dijo la agente Norma Salinas.
La interviniente está investigando los hechos punibles de apropiación, estafa, lesión de confianza y otros. Aguarda que en el transcurso de este martes obtenga las imágenes de circuito cerrado de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Repatriación, así como el reverso de los cheques.
