Ortega afirmó que periodistas de varios medios la contactaron para verificar la veracidad de una transferencia que ella realizó a su manicurista, lo que reveló que terceros accedieron a información protegida por el secreto bancario y por la Constitución Nacional.
“Me quedé temblando. ¿Cómo es que esa información está en manos de terceros?”, expresó. La diputada confirmó que la transacción se realizó el 10 de julio, por un monto de 485.000 guaraníes, desde su cuenta en Banco Ueno hacia una cuenta en Banco Familiar. “Tenían el monto, mi nombre, mi número de cédula, el nombre y número de cédula de la persona que recibió, los números de cuenta y hasta un identificador interno del banco”, detalló.
Denuncia violación de derechos constitucionales
La legisladora sostuvo que la filtración violó el artículo 33 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, y el artículo 36, que protege la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada. “Es como cuando entran a tu casa y no te roban nada, pero estuvieron adentro y miraron todo. Es horrible”, afirmó.
Ortega aclaró que no recibió ningún aviso del banco sobre una posible vulneración de seguridad. “El banco no me dijo que estaba en situación de vulnerabilidad. No me pidió que cambie mi contraseña. Hasta anoche seguía negando lo que estaba pasando en redes sociales”, denunció.
Niega haber expuesto datos por error personal
Consultada sobre si recibió correos maliciosos o si ingresó a enlaces sospechosos, Ortega negó haber cometido errores de seguridad. “Soy muy cuidadosa con ese tipo de cosas. Cambié mi contraseña por precaución, pero no me siento segura. Transferí el poco dinero que tenía en esa cuenta a otro banco”, explicó.
La diputada anunció que presentará una nota formal de reclamo al banco, y que evalúa acciones legales con sus abogados. “Tener ese nivel de exposición es gravísimo. Las autoridades estaban en copia del mismo correo que recibieron los periodistas, y desde el jueves hasta hoy no hicieron nada para protegernos”, advirtió.
Acusa negligencia de autoridades públicas
La diputada cuestionó la inacción del Banco Central, la Policía Nacional, la Fiscalía y SEDECO, ante la filtración. “Si estaban en conocimiento y no actuaron, eso habla de complicidad o negligencia. SEDECO debería haber clausurado los portales del banco hasta que garantice seguridad”, sostuvo.
Ortega insistió en que la transacción fue privada, entre dos personas, a través de bancos privados, y que ninguna institución pública tenía derecho a acceder o divulgar esa información. “No importa si eran 485.000 guaraníes o un millón de dólares. Es una transacción protegida por ley y por la Constitución”, remarcó.
