La jueza Rosarito Montanía (foto) confirmó que remitió antecedentes al Ministerio Público por desacato, tras el incumplimiento de una orden judicial relacionada con una causa de microtráfico que involucra a miembros de la familia de Javier Rotela. La magistrada explicó que tres hermanos fueron aprehendidos durante un allanamiento, y que dictó prisión preventiva para una de las hermanas en el penal de Coronel Oviedo, atendiendo a informes de inteligencia y criterios de seguridad procesal.
“Esta causa está relacionada a la familia de Javier Rotela. Fueron procesados varios hermanos, pero tres fueron aprehendidos en aquel allanamiento”, detalló Montanía. La jueza explicó que tomó la decisión con especial cuidado, considerando los riesgos de fuga y obstrucción. “Me parecería como hasta un absurdo dictar la prisión de una persona que pueda desde el penal manejarse libremente y obstruir la investigación”, sostuvo.
Recordó que meses atrás, la directora del penal de Coronel Oviedo le había informado que no contaban con condiciones de seguridad para recibir a la procesada. A pesar de ello, la jueza ordenó el cumplimiento de su resolución, pero denunció que funcionarios del Ministerio de Justicia trasladaron a la mujer al complejo de mujeres sin autorización judicial. “Ellos lo que hacen es comunicar el traslado, sin antes tener una previa conversación con la magistrada que dicta esas medidas”, afirmó.
La jueza explicó que, al tomar conocimiento del traslado, dictó una providencia ordenando el cumplimiento inmediato de su decisión y otorgó un plazo de 24 horas para recibir un informe. “Normalmente doy dos o tres horas, pero en esta ocasión le di 24 horas porque era viernes y ya casi la una de la tarde”, indicó. La decisión fue tomada el 5 de noviembre.
Al día siguiente, Montanía recibió una comunicación con los motivos del traslado, pero consideró que el mensaje implícito fue de desobediencia. “Me dan nuevamente los motivos del por qué supuestamente le trasladaron, dándome a entender que, aunque yo siga decidiendo, ellos van a hacer lo que quieren”, denunció. Ante esta situación, la jueza dictó una nueva providencia y remitió los antecedentes al Ministerio Público, cumpliendo el apercibimiento por desacato.
La magistrada responsabilizó directamente al ministro de Justici, Rodrigo Nicora, por el incumplimiento, al ser el titular de la cartera estatal. “Remití los antecedentes del ministro de Justicia, por ser el encargado de esa cartera del Estado, y del funcionario responsable de esa decisión”, afirmó. También advirtió al director de Institutos Penales sobre la importancia de respetar las decisiones judiciales. “Las decisiones judiciales cumplen con un fin procesal. Creo que tendrían que entender por qué se tomó una decisión”, expresó.
Lamentó que este tipo de situaciones se repitan en otras causas y consideró que existe un desprecio institucional hacia el Poder Judicial. “Estas decisiones no se dan solamente en causas que están bajo mi competencia, sino en otras, y se hacen con el mayor de los desprecios hacia la decisión judicial”, denunció.
Montanía insistió en que las decisiones administrativas no pueden estar por encima de las resoluciones judiciales y pidió respeto entre instituciones. “Las decisiones administrativas ministeriales no pueden estar sobre una decisión judicial. Trabajamos juntos, les guste o no les guste. Mínimamente, si hay una cuestión delicada, debería el viceministro o el ministro comunicarse conmigo”, remarcó.
