“Este proyecto es lo más grave que pude leer como modificación del Código Penal”, afirmó el jurista. Duarte explicó que el texto desconoció la estructura normativa que distingue entre la parte general —donde se establecen principios como la punibilidad y las reglas de la tentativa— y la parte especial, donde se describen los delitos dolosos y culposos.
Detalló que el proyecto contradijo normas ya vigentes sobre la punibilidad de la tentativa, ya que “todo crimen conlleva la punibilidad de su modalidad tentada, y eso ya está regulado en la parte general del Código”. El abogado sostuvo que la propuesta incurrió en errores técnicos severos al incorporar descripciones procesales dentro del Código Penal sustantivo.
“Introduce pruebas pasadas para probar los hechos, como informes técnicos de bomberos, lo que contradice el sistema de libertad probatoria que rige actualmente en Paraguay”, indicó. Para el penalista, esto representa un retroceso legislativo, al instalar nuevamente una técnica de codificación “perimida y abandonada hace tiempo”.
Duarte sostuvo que el proyecto también violó normas constitucionales, particularmente los artículos 19 y 20. “Contradice aviesamente la Constitución, por ejemplo el artículo que establece los fines y justificaciones de las penas, y el que regula la prisión preventiva”, afirmó.
En ese sentido, indicó que las penas extremas contempladas en el proyecto no guardan proporción con el principio de humanidad en el castigo, que forma parte del sistema jurídico paraguayo. “Podríamos tener marcos penales que lleguen hasta 135 años, lo cual es absolutamente descabellado desde el plano del derecho penal y constitucional”, sostuvo.
El abogado también señaló que el diputado Rubín desconoce el artículo 70 del Código Penal, que regula el sistema de concurso en casos donde un mismo hecho viola varias normas, o se cometen varios hechos punibles. “Se olvida que existe un mecanismo de ampliación de marcos penales preestablecido, lo cual vuelve innecesaria esta superposición forzada”, explicó.
Según Duarte, el proyecto infringió el principio de proporcionalidad, al proponer penas que exceden los límites tradicionales del sistema penal. “Nunca vi algo tan escrito sin conocimiento sistemático de nuestra Constitución y nuestros códigos”, aseveró.
