Auditorías que se vienen realizando desde el año 2023 ya advertían sobre graves irregularidades, entre las que destaca el pago de haberes jubilatorios a personas que figuran como fallecidas, anomalías que fue detectada mediante un cotejo básico de datos con el Registro Civil.
Ante el reclamo de los auditores, las distintas dependencias del IPS han respondido de manera fraccionada, funcionando como “compartimientos estancos” que evaden su responsabilidad institucional, indicó Leandro Villalba Baruja, director de auditoria de la Contraloría.
La gerencia encargada de los desembolsos se desmarcó del problema alegando que no cuenta con la capacidad técnica instalada ni las herramientas tecnológicas para realizar cruces masivos de información entre bases de datos, derivando la responsabilidad enteramente a la Dirección de Tecnología de la Información.
Esta práctica de “pasarse la pelota” de una oficina a otra impide una respuesta coordinada y eficiente ante la fuga de recursos públicos.
Desde la Contraloría advierten que este escenario plantea dos realidades alarmantes: un grado de ineficiencia sumamente alto y la existencia de claros indicios de hechos punibles y corrupción.
Ambas situaciones están directamente conectadas, ya que a medida que los controles internos se vuelven más ineficientes y desorganizados, lógicamente aumenta la probabilidad de que ocurran desvíos y actos de corrupción dentro de la previsional.
