César Trapani, exrepresentante suplente del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, desmintió este jueves que el representante del Ejecutivo ante dicho organismo deba ser alguien de confianza del presidente de la república de turno, como sostiene el movimiento de Honor Colorado del Partido Colorado para defender la designación de Alicia Pucheta.
Trapani manifestó que la Constitución busca otorgar independencia a los miembros del Consejo incluso de los órganos que representan.
“Ellos tienen como única misión armar las ternas según la idoneidad de las personas para la carrera judicial, pero para que esas personas puedan hacer su trabajo de manera independiente incluso de los órganos que los designan, la Constitución dice ‘estas personas van a durar tres años en sus funciones’”.
“No existe tal cosa como la confianza a la hora de pensar o analizar la representación en el Consejo de la Magistratura”.
Asimismo, negó que el mandato de Mónica Seifart como representante del Ejecutivo ante el Consejo haya culminado el 29 de octubre de este año. Enrique Kronawetter estuvo cumpliendo el periodo de la misma como representante titular por renuncia.
La representación del Ejecutivo ante el Consejo tiene una duración de tres años, cumplido el tiempo. Según el artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, le organismo comunica al Ejecutivo el fenecimiento del mandato para que este designe a un nuevo representante.
Trepani sostuvo que el mandato de Seifart inició en marzo de 2020, pese a que realizó el juramento en octubre.
“Hay dos formas de computar o de pensar el conteo del término del mandato. Una es en virtud de la persona, otra es función del periodo afectado al cargo”.
“El Consejo de la Magistratura, en abril de este año, inclinándose por el segundo criterio, es decir, entendiendo que el periodo se cuenta no desde que la persona asume, sino desde que vence el anterior, comunicó que el mandato del Poder Ejecutivo se hallaba vencido”.
“Entonces, el Dr. Enrique Kronawetter fue designado nuevamente para un nuevo periodo de tres años y ese periodo de tres año es el que ahora con este decreto termina siendo cercenado de manera irregular”.
