Un teléfono celular y documentos entregados por una testigo clave, Yecika Bracho, de nacionalidad venezolana y excontadora de una agencia publicitaria, abren el camino para rastrear la trazabilidad de los pagos detrás de páginas de ataque como “Despierta Paraguay”.
Se sospecha del uso de recursos públicos provenientes de convenios del MITIC con entidades como Itaipú o el PNUD. El viceministerio de comunicación debía controlar la ejecución de estos fondos, pero se investiga si terminaron triangulados hacia agencias publicitarias vinculadas en el sector privado a la actual viceministra Alejandra Duarte.
A diferencia de las querellas privadas por difamación, como la del periodista Cristian Chena, la denuncia presentada en representación de Hugo Portillo apunta directamente a la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía junto con Delitos Informáticos para determinar si existió lesión de confianza en el manejo de dinero público.
Al tratarse de una ciudadana extranjera con estatus de refugiada, la abogada advirtió que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Pidió protección para ella y alertó sobre el riesgo de que se intente presionar políticamente para retirarle el refugio y expulsarla del país con el fin de silenciarla.
Pérez alertó que estas sistemáticas campañas digitales de desprestigio se repiten constantemente para desviar la atención de los reclamos sociales de fondo, tal como se observó recientemente con ataques dirigidos hacia los dirigentes de la huelga de médicos.
