Reveló que, a pesar de que su postulación se manejaba con meses de anticipación, la confirmación se mantuvo en la incertidumbre hasta la noche previa, sorprendiéndole la amplia mayoría de votos obtenida por la terna.
Frente a las críticas de legisladores opositores que señalan que su designación es un “premio” por haber dictaminado la correspondencia de bienes del presidente Peña —cuyo patrimonio aumentó un 2.600% en el sector privado—, Torres calificó esos cuestionamientos como meramente políticos.
Explicó que, bajo el principio de legalidad, la Contraloría carece de competencia constitucional para investigar el patrimonio de cualquier persona durante su permanencia en el ámbito privado,.
Para ilustrar este criterio técnico, el subcontralor diferenció el análisis de Peña del caso de Eddi Jara, expresidente de Petropar.
Detalló que en la declaración de Jara se consignó un préstamo no bancarizado de G. 3.700 millones, lo que obligó a la Contraloría a indagar su origen tributario, constatando que no se habían pagado impuestos por dichos fondos y remitiendo los antecedentes a la Fiscalía.
En contraste, los bienes del presidente Peña se encontraban totalmente dentro del sistema financiero formal, asumiéndose que ya habían superado los debidos procesos de control y alertas de lavado de dinero de los propios bancos.