Para empezar, el IPS no registra las defunciones: se rige por las bases de datos de Salud Pública, el Registro Civil y la Justicia Electoral, indicó Vanessa Cubas. Debido a que los registros de zonas alejadas del país tardan entre 1 y 2 meses en procesarse. Ya que los pagos se efectúan el 17 de cada mes por adelantado, se generan pagos temporales involuntarios.
Aclaró que con la interconexión de sistemas hospitalarios implementada desde 2025, los pagos a fallecidos bajaron de un promedio de G. 11.000 millones anuales (período 2020-2024) a solo G. 1.000 millones de enero a julio de 2026.
No es dinero perdido, el IPS ya recuperó aproximadamente el 54% de esos montos mediante bloqueos de cuentas, devoluciones bancarias y retenciones legales del 25% a beneficiarios.
Por otra parte, un fallo de la Corte Suprema del 2016 obliga a pagar la jubilación sin el tope legal de la carta orgánica a un grupo de marinos.
Cumplir la sentencia para los 55 demandantes que ya se jubilaron costará unos USD 75 millones (USD 25 millones en pagos retroactivos y USD 50 millones en compromisos futuros).
Al no ser una caja de capitalización individual, el IPS advierte que eliminar los topes máximos de cobro rompería el equilibrio de financiamiento, poniendo en riesgo el fondo común y los ahorros de miles de aportantes.
