El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, expresó su preocupación por la situación de las rutas nacionales, que se ven afectadas por la presencia de obstáculos que impiden el libre tránsito de los ciudadanos. Rolón recordó que este derecho está consagrado en la Constitución Nacional y que su violación está penada por el artículo 216 del Código Penal.
“El interés puntual es el libre tránsito que dice la Constitución Nacional y la garantía que tiene que tener el ciudadano de transitar libremente por las rutas nacionales y llegar a destino en el modo que tenía previsto”, afirmó.
El fiscal General señaló que desde el inicio de su gestión ha implementado un esquema de llamadas de atención a los responsables de colocar obstáculos en las rutas, como lomadas, puestos de ventas o manifestaciones. Sin embargo, dijo que no ha recibido una respuesta satisfactoria y que por eso ha decidido pasar a la acción penal.
“Nosotros implementamos este esquema de llamadas de atención en principio porque hay que reconocer que es un tipo legal nuevo. Recién previsto en el Código Penal, ley 1160, que entró prácticamente en vigencia total a partir del año 1999-2000”, explicó.
Indicó que la obstrucción de las rutas no solo afecta el derecho constitucional de los ciudadanos, sino que también genera problemas de seguridad, accidentes y pérdidas económicas. Asimismo, dijo que es un tema que requiere de una mayor fluidez en el tránsito, acorde con la modernidad de un Estado.
“Es un tema que prácticamente hoy es una calamidad en todas las rutas. Fíjense en esa ruta nueva de Nueva Italia a Carapeguá. Los puestos de ventas inclusive son los que habilitaron nuevas lomadas para que precisamente no haya fluidez y la gente quede en esos lugares. Y creo que es un tema que en la modernidad de un Estado debe exigirse mayor fluidez en ese tránsito”, manifestó.
El fiscal General anunció que iniciará acciones penales contra los que pongan obstáculos en las rutas nacionales, invocando el artículo 216 del Código Penal, que establece una pena de multa o prisión de hasta dos años. Rolón dijo que actúa como representante de la sociedad y que busca garantizar el libre tránsito de todos los paraguayos.
“Además de ser un hecho punible de acción penal pública es un objetivo visional preponderante. Si en otra época no había atención al tema es por la novedad del tipo legal (...) pero en vista de que no hay atención a ese tema, pues entonces no podemos dejar abierto un panorama sin que se le dé una respuesta final”, sostuvo.
