El Ministerio de Justicia trasladó recientemente a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, desde la penitenciaría de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná, hasta la penitenciaría regional de Emboscada, conocida como Martín Mendoza, en el departamento de Cordillera. El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó que la decisión se basó en informes de inteligencia que advirtieron sobre riesgos operativos dentro del penal de origen.
“Primero quiero aclarar que él fue trasladado a la penitenciaría Martín Mendoza, que también tiene régimen de máxima seguridad”, afirmó Maciel. Insfrán fue alojado en uno de los módulos distanciados de otros procesados vinculados a la misma causa, bajo condiciones de encierro de 22 horas diarias y dos horas de sol, conforme al reglamento penitenciario.
Maciel señaló que el traslado respondió a una situación similar a la que se presentó con internos que lograron fugarse de Minga Guazú en el pasado. “El motivo del traslado se da por informaciones de inteligencia que justifican su cambio de lugar de reclusión”, explicó. El viceministro indicó que, tras la recaptura de los fugados, algunos fueron llevados nuevamente a Minga Guazú, pero las investigaciones posteriores revelaron conexiones internas que encendieron las alertas.
“Se detectaron ciertas conexiones, y eso hace que lo mejor sea trasladarlo a otra penitenciaría bajo el mismo régimen para evitar otras consecuencias”, sostuvo. Maciel confirmó que en Martín Mendoza también se encuentran recluidos otros internos que anteriormente estuvieron en Minga Guazú, incluidos algunos de los que protagonizaron la fuga.
Aclaró que la autoridad administrativa tiene la potestad de ordenar traslados cuando las circunstancias lo ameritan. “Eso fue comunicado ya el día de ayer al Tribunal de Sentencia”, afirmó. Según Maciel, el director de la penitenciaría de Minga Guazú notificó al tribunal, y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios remitirá un informe detallado en el transcurso de la jornada.
“La información de inteligencia debe dar cuenta necesariamente de posibles conexiones de reclusos con el sistema de seguridad de la propia penitenciaría”, indicó. Aunque reconoció que no existen pruebas suficientes para formular una denuncia formal ante el Ministerio Público, sostuvo que las sospechas no pueden ser ignoradas.
“Tenemos algunos elementos de sospechas, pero que no tienen la entidad suficiente para formular una denuncia concreta. Sin embargo, esa información se va corroborando con otras fuentes y circunstancias, y es lo que justifica tomar esta decisión”, explicó. Maciel concluyó que el objetivo fue prevenir un escenario más grave.
