En su análisis, mencionó que las cifras de feminicidios, abuso sexual infantil y violencia familiar no disminuyeron pese a los cambios legislativos, lo que evidencia la necesidad de un enfoque más profundo en la política criminal.
Peralta explicó que existen observatorios en instituciones del Estado que recopilan datos sobre hechos punibles considerados sensibles para la sociedad. “El Ministerio de Justicia maneja estadísticas sobre cuáles son los delitos más cometidos y la cantidad de personas privadas de libertad por esos hechos”, afirmó.
Sin embargo, lamentó que no se realicen estudios criminológicos con especialistas en política criminal para determinar si el aumento de penas tiene un impacto real en la disminución de casos. “El Ministerio Público cuenta con una dirección de política criminal, pero lastimosamente no se realiza un análisis con criminólogos que puedan llevar adelante ese enfoque”, señaló.
La abogada indicó que, pese a la modificación de la pena mínima de feminicidio de tres a seis años, las cifras de este delito continúan en aumento. “Se envió un mensaje social para que esto sirva como inhibidor en la conducta, pero no logró ese efecto”, explicó.
Lo mismo ocurrió con los casos de abuso sexual infantil, que fueron declarados imprescriptibles por ley, sin que ello haya implicado una reducción en los números. “Cada vez que se aumentan las penas, observamos en nuestras estadísticas que los casos siguen creciendo”, afirmó.
Ante esta situación, Peralta instó a que los observatorios y las direcciones encargadas de analizar la criminalidad trabajen con mayor profundidad y de manera coordinada con el Poder Legislativo. “Nuestros diputados y senadores deben entender dónde tienen que cargar más la tinta”, advirtió.
En este sentido, criticó la propuesta de eliminar ministerios clave como el de la Niñez y el de la Mujer, cuando ambos sectores requieren un mayor presupuesto y políticas de prevención más efectivas. “La niñez y la adolescencia en Paraguay necesitan un mayor presupuesto y un abordaje en la política de prevención”, enfatizó.
La especialista reafirmó la importancia de diseñar estrategias basadas en datos concretos y en el análisis profundo de las causas del delito. “Sin hacer un estudio criminológico, podemos concluir que el aumento de penas no incide en la disminución de casos, al menos en estos tipos de delitos”, sentenció.
En su opinión, la prioridad debe estar en fortalecer la prevención y en garantizar recursos adecuados para las instituciones encargadas de proteger a los sectores más vulnerables.
