Pereira aclaró que no solicitó dinero directamente al ministro para cubrir los bonos, sino que gestionó una audiencia para promover una solución estructural. “No hablé con el Ministro para pedirle plata para pagar bonos ni nada en particular. Yo le solicité una audiencia para acercarle un proyecto de ley que permita compensar tributos entre el Municipio y el Ministerio”, afirmó.
Explicó que en 2023 se presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar la transferencia del 15% del impuesto inmobiliario, pero la Corte Suprema la rechazó, al considerar que tal obligación estaba consagrada en la Constitución Nacional. “La Corte le dijo al Municipio cómo me va a pedir una acción de inconstitucionalidad para una obligación constitucional”, relató.
Ante ese rechazo, el Municipio solicitó que el Ministerio no reciba dicha recaudación, y que se compensara con fondos adeudados por royalty, Fonacide y Diben, que el Estado también tenía la obligación legal de transferir a la comuna. Sin embargo, el Ministerio respondió que actúa solo como agente de percepción y retención, sin capacidad legal para compensar esos montos.
Pereira propuso, en base a una recomendación oficial emitida por el Ministerio en 2023, la redacción de un proyecto de ley especial que habilite la compensación cruzada de obligaciones entre ambas entidades. “Hay 208 mil millones de guaraníes que el Municipio debe, y 284 mil millones que el Ministerio debe al Municipio. En una compensación, eso podría quedar saldo a favor del Municipio”, detalló.
Explicó que actualmente diseña el proyecto legislativo, con la intención de iniciar el trámite formal y dejar encaminada la solución, independientemente de su gestión temporal. “Sacar un activo de nuestra espalda en este momento es muy significativo para el posicionamiento financiero del Municipio”, enfatizó.
Respecto al pago de comisiones y vencimientos de bonos emitidos por la comuna, Pereira confirmó que aún no se realizó el desembolso, y que el equipo jurídico analiza los contratos y las implicancias legales. “Ayer estuve conversando con el Dr. Parquet, nuestro asesor jurídico, y los abogados están leyendo los contratos. Hay que ver cómo sería el tratamiento legal ante una amenaza o demanda por parte de los bonistas”, declaró.
El interventor recordó que estos bonos requieren revisión de condiciones específicas ante la Comisión Nacional de Valores, y que parte de los acreedores no son locales, lo que complica cualquier litigio por incumplimiento. “Hay obligaciones contractuales que se deben evaluar para determinar si el Municipio las cumplió o no”, sostuvo.
