El exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, afirmó que durante su gestión inició una auditoría para conocer la composición de los inmuebles de la previsional. “Yo empecé a hacer una auditoría con el equipo de asesores que tenía para conocer las composiciones de los inmuebles”, explicó. El informe elaborado en 2023 reveló contratos con años de gracia, propiedades ocupadas irregularmente, edificios abandonados y tasaciones desactualizadas.
Pereira sostuvo que el IPS administra 901 unidades productivas con un valor contable de G. 1,96 billones, de las cuales más de 205.000 hectáreas estaban en el Chaco. Estas tierras fueron valuadas en G. 1,15 billones, equivalentes al 58,9% del patrimonio inmobiliario de la institución. Sin embargo, advirtió que muchas propiedades ni siquiera tenían tasaciones actualizadas, lo que impedía conocer su valor real de mercado.
El exconsejero señaló que los contratos firmados en 2022 y 2023 incluían periodos de gracia de hasta 24 meses, lo que permitía a los arrendatarios explotar tierras millonarias sin pagar durante dos años. “Hice una serie de recomendaciones como para presentar una propuesta de arrendamiento”, indicó. Los cánones establecidos en el Chaco se mantenían congelados en G. 627 por hectárea, cifra considerada irrisoria frente al valor de las tierras.
“Celebro que el Dr. Ricardo Fretes haya pedido informe para que vea todo lo que he dejado”, expresó. El documento oficial incluyó observaciones sobre propiedades multimillonarias prácticamente regaladas y contratos que favorecían a terceros en detrimento de la previsional.
El exconsejero insistió en que la normativa vigente debe ser modificada para obligar a realizar revalorizaciones periódicas de los bienes. Según afirmó, el sistema actual permite que el IPS desconozca el verdadero valor de su patrimonio y facilita la explotación irregular de sus propiedades.
