Marco Aurelio González, procurador general de la república, afirmó este jueves que tiene conocimiento de un supuesto contrato de alquiler entre el Ministerio de Defensa y un empresario para un desarrollo inmobiliario en la finca 916, ubicada en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.
Afirmó que el arrendamiento ocurriría en la zona de humedales de la finca, que pertenece a Defensa, en la ribera del río Paraguay. Se trata de unas tierras de 411.590,92 metros.
“En el margen izquierdo está la zona de humedales, declarada zona protegida, y la zona de infantería está por allí y también por allí cerca hay un contrato, según tengo entendido. Yo me baso en la informaciones que estamos manejando, que habría un contrato de alquiler para un desarrollo inmobiliario, pero eso no traslada la propiedad ni da derecho a que ningún agente pueda estar otorgando títulos de propiedad”.
Manifestó que una institución pública puede alquilar sus propiedades. Mencionó que en el caso de la finca 916, se trata de una propiedad pública de dominio privado del Estado, situación que autoriza al Ministerio a disponer del inmueble como estime pertinente.
Sin embargo, aclaró que quien alquile una propiedad pública no puede venderla sin autorización.
“En realidad no se puede vender. Yo no sé qué está ocurriendo en la realidad. Deberíamos averiguar y si se confirma esa tesis, seguir las pistas para detectar irregularidades y ver cómo subsanar y denunciar”.
Documentos del Indert
Por otra parte, el procurador afirmó que los certificados de ocupación del Instituto de Desarrollo Rura y de la Tierra (Indert) con los que dicen contar algunos de los ocupantes de la finca no tienen ningún valor jurídico, puesto que la propiedad pertenece a Defensa y no al Indert.
“Hay dos situaciones de la gente que alega vinculaciones con el Indert. Por un lado están los que dicen tener un certificado de ocupación del Indert y el certificado de ocupación tampoco otorga ningún derecho. Es solamente un registro que hace el Indert a ver quién está en donde, para ver dónde reubicarle o ver qué solución darles a esas tierras, pero no otorga derecho”.
“Por otro lado, existen situaciones como la de la primera persona que se había manifestado en la visita judicial, que ellos pidieron al Indert un certificado de ocupación u otra cosa y el Indert nunca les respondió. Con eso, menos todavía pueden alegar algún derecho a su favor”.
