El Senado finalmente postergó el estudio del proyecto antinepotismo del senador Basilio Núñez. Al principio, el legislador colorado propuso aprobarlo en general y luego fusionarlo con las demás iniciativas, como “Chau nepotismo”.
La Cámara de Senadores resolvió este jueves derivar a comisiones el proyecto antinepotismo del senador Basilio Núñez (ANR).
Inicialmente, el legislador colorado mocionó aprobar en general su proyecto y luego fusionarlo con las otras iniciativas presentadas, entre ellas la presentada por iniciativa popular “Chau nepotismo”.
“La idea es tratar de fusionar estos proyectos de leyes, tratar de aprobar en genera y después en marzo establecer una agenda para que tengamos una ley de nepotismo que verdaderamente diga ‘chau nepotismo’”, dijo.
Sin embargo, accedió al pedido de los legisladores de la oposición de postergar su estudio.
Núñez criticó que la iniciativa popular sea “de un sector político que no da la cara”. Además, que para apoyarlo, se haya requerido el Identificador Civil (IC) de la cédula de identidad en lugar de la firma electrónica.
“Me pregunto qué validez tiene si se usa el IC de la cédula”.
El proyecto se derivó a la comisión de Legislación, Justicia y Trabajo.
Proyecto de Núñez
El proyecto de Basilio Núñez modifica los artículos 1 y 3 de la ley 5.295/14 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.
Su propuesta define el nepotismo de esta forma:
“(…) Cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación de las normas que regulan el acceso a la función pública, y quienes ocupan los cargos establecidos en el artículo 2° de la presente ley, ejerzan injerencia directa en el nombramiento y contratación de personal cualquiera sea la denominación del cargo, cuando el funcionario que guarda el parentesco indicado influir, tiene un cargo superior o equivalente a aquél que tiene la facultad de nombrar o contratar al personal, dentro del mismo Organismo o Entidad del Estado”.
Respecto a la pena por dicha conducta, establece una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico. El beneficiado con el nombramiento o contrato será castigado con la misma pena.
