La viceministra de Protección de los Derechos de la Mujer, Estela Maris, expresó la consternación del Ministerio de la Mujer y afirmó que el caso exige revisar cómo respondieron las instituciones.
Maris reconoció que el Estado debe mejorar la respuesta tras las denuncias y admitió que “estamos llegando tarde”. La funcionaria señaló que las instituciones trabajan en un protocolo unificado para evaluar los riesgos y definir medidas de protección más estrictas ante amenazas de muerte.
También pidió un seguimiento riguroso de cada caso y advirtió que el Estado tiene pendiente garantizar que la denuncia active mecanismos efectivos de protección.
La viceministra detalló que el Ministerio ofrece asistencia legal y psicológica mediante equipos multidisciplinarios, además de casas de acogida gratuitas y confidenciales para mujeres en situación de alto riesgo y sus hijos.
Según explicó, el personal acompaña a las víctimas durante el proceso legal y les brinda apoyo para fortalecer su autonomía.
No precisó qué medidas concretas, aparte de la derivación a refugios y la articulación con otras instituciones, se aplican cuando una mujer recibe amenazas y no puede abandonar su hogar.
Ante las preguntas sobre la eficacia de la Policía y la Fiscalía, Maris reconoció que están con muchas deficiencias.
