Ferreira cuestionó el “uso muy discrecional de fondos públicos” en créditos vinculados y advirtió que la colocación de cerca de 850 millones de dólares del Estado exigirá asumir responsabilidades a los tomadores de decisión.
Respecto al impacto en los clientes, el economista indicó que los pequeños ahorristas con depósitos de hasta 75 salarios mínimos pueden estar tranquilos porque “su dinero va a recuperarse” a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
Sin embargo, alertó que para entidades estatales como el Instituto de Previsión Social (IPS) —que mantiene unos 360 millones de dólares allí— la garantía legal aplica como persona jurídica, cubriendo apenas una fracción mínima de sus recursos.
Ferreira sostuvo que en una entidad con escasos activos “va a faltar dinero” para honrar las deudas, lo que derivaría en la quiebra si el patrimonio neto resulta negativo.
Enfatizó que este rescate consumirá gran parte de las reservas de garantía acumuladas durante 23 años, generando un debilitamiento en la seguridad del sistema financiero nacional.
