De acuerdo con el legislador, el documento oficial demuestra la existencia de un entramado económico con un amplio protagonismo del presidente de la República, concebido para operar y captar recursos estatales estimados en 850 millones de dólares.
Filizzola denunció que, tras las observaciones del regulador por sobrepasar los límites de créditos vinculados, la entidad recurrió a una venta simulada de cartera de préstamos a la firma Finanzas mediante triangulaciones financieras internas, sosteniendo que de esa manera “pretenden engañarle al Banco Central” mientras se sostiene un riesgo latente de aproximadamente 3.000 millones de dólares.
Asimismo, el parlamentario cuestionó la concesión de privilegios institucionales extraordinarios que permitieron el vertiginoso crecimiento de la entidad. Filizzola señaló que no tiene justificación técnica cómo una firma que hasta hace pocos años era una modesta financiera pasó a ser el segundo receptor de depósitos del Estado después del Banco Nacional de Fomento (BNF), beneficiada por directivas del Ministerio de Economía y Finanzas y por la flexibilización de exigencias en el Instituto de Previsión Social (IPS) para colocar los fondos jubilatorios.
Además, denunció que la banca matriz autorizó diferir a 20 años la contabilización de pérdidas por 300 millones de dólares en activos incobrables derivados de absorciones bancarias, remarcando que si dicho monto se restara del balance contable se constataría que la entidad posee patrimonio negativo.
Tras criticar el desplazamiento del funcionario que redactó las advertencias al afirmar que “le sacan de ahí porque molestaba”, Filizzola sentenció que “este directorio del Banco Central no puede continuar” al haber mirado a otro lado y encubierto los informes de fiscalización.
El legislador llegó a calificar la estructura como “una suerte de organización criminal conformada para hacerse recursos del Estado” y de los asegurados del IPS, en la que involucró a altas autoridades del Poder Ejecutivo y al titular del BCP.
Ante este escenario, concluyó que la cúpula del organismo regulador perdió toda credibilidad y exigió su renovación inmediata, aseverando enfáticamente que “el presidente del Banco Central se tiene que ir” por constituir parte medular del problema.
