Según el profesional del derecho, dentro del esquema operó “una asociación ilícita para delinquir encabezada por el presidente” junto a altos funcionarios económicos y del órgano regulador, quienes habrían estructurado la entidad para captar fondos irregulares desde que llegaron al poder.
Amarilla calificó las operaciones de la entidad financiera como “el robo de guante blanco”, señalando que el grupo económico involucrado llegó a instancias gubernamentales con el objetivo de “saquear al estado paraguayo”.
Asimismo, sostuvo que “estos tipos se tragaron por lo bajo 1000 millones de dólares sin eructar”, afectando recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y bloqueando pagos en servicios clave como los de Petropar.
El jurista enfatizó que la entidad no contaba con viabilidad financiera real desde sus inicios y que fue concebida únicamente con fines ilícitos.
“Este banco nació muerto, este banco se hizo solamente para robar y Santi Peña es el responsable”, sentenció.
