09 jul. 2025


Nueva ley busca unificar estándares de integridad y transparencia, según contralor

Nueva ley busca unificar estándares de integridad y transparencia, según contralor

La Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que crea el Consejo Nacional Anticorrupción, el cual será encabezado por la Contraloría General de la República (CGR). Camilo Benítez, contralor general, ofreció declaraciones sobre la importancia de esta nueva ley y la necesidad de promover una cultura anticorrupción en Paraguay.

Benítez explicó que en Paraguay no existe una ley que promueva la cultura anticorrupción, la cual incluye un régimen de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “¿Qué significa cultura anticorrupción? Todo lo que tiene que ver con un régimen de integridad, régimen de transparencia y régimen de prevención de la corrupción”, afirmó.

El contralor destacó que la corrupción en Paraguay ha fracasado categóricamente y que la lucha contra la corrupción se ha centrado en la represión. “La Contraloría debe auditar, el Ministerio debe imputar, hacer las persecuciones penales y el Poder Judicial debe sancionar. Y los corruptos se tienen que ir a la cárcel”, enfatizó.

Sin embargo, Benítez señaló que faltaba un componente crucial en la lucha contra la corrupción: la prevención. La nueva ley busca unificar estándares en materia de integridad y transparencia, establecer reglas claras para la conducta de los funcionarios públicos y proteger los datos de los denunciantes.

“La idea del Consejo no estaba en el borrador original. Esto fuera lo que nosotros sugerimos y tiene que ver con el Consejo, tiene que ver con los criterios y estándares en materia de integridad y transparencia”, comentó. Benítez enfatizó que el Consejo no interferirá con las competencias constitucionales de cada órgano del Estado.

También mencionó que el Consejo podría establecer reglas unificadas para los concursos de ingreso de funcionarios públicos, un área que actualmente carece de criterios claros en Paraguay. Ahora, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

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