“La denuncia ingresó en 2021. La beneficiaria era la señora Miriam Beatriz Ayala, pero ya se revocó su condición tras comprobarse que cedió el departamento sin autorización legal”, explicó Torres.
La fiscal detalló que el inmueble fue entregado por contrato privado al ciudadano Leonardo Ojeda Navarro, quien actualmente ocupa el lugar y explota un negocio denominado Delmer, además de haber instalado una radio comunitaria sin habilitación de Conatel.
Cedida sin autorización y convertida en local comercial
Torres afirmó que el contrato privado entre Ayala y Ojeda carece de validez jurídica, ya que los beneficiarios del programa habitacional del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) no pueden vender, alquilar ni ceder total o parcialmente el inmueble durante un plazo de diez años.
“En el derecho administrativo, todo lo que no está permitido está prohibido. Esto no es negociable, esto es del Estado”, sostuvo.
Explicó que el MUVH agotó la instancia administrativa, notificó a Ayala y solicitó el desalojo, pero Ojeda se negó a deshabitar el inmueble, lo que derivó en la imputación penal. “Le está estafando al Estado y le está sacando el lugar a otros beneficiarios que están en lista de espera”, denunció.
Investiga instalación de radio comunitaria sin habilitación
Torres reveló que en el mismo inmueble funcionaba una radio comunitaria, que ya fue cancelada por Conatel. “Hoy mismo me voy a constituir para traer los antecedentes de Conatel. Vamos a seguir investigando esa línea también”, indicó.
Confirmó que en el lugar viven los hijos de Ojeda, y que el inmueble fue cedido el 18 de junio de 2019, según el contrato privado. “Ese contrato es totalmente nulo. El Ministerio Público debe verificar si la conducta es típica, antijurídica y reprochable”, explicó.
Más de 220 casos similares en el barrio San Francisco
Torres advirtió que el caso de Ayala y Ojeda es apenas el inicio de una investigación más amplia, que podría involucrar más de 220 casos similares en el barrio San Francisco. “Vamos a tener bastante trabajo. Este es apenas el puntal inicial”, afirmó.
Destacó la cooperación institucional con el MUVH, y confirmó que el asesor jurídico del ministerio, Carlos Villamayor, anunció una ampliación de la denuncia. “Estamos trabajando en conjunto para identificar otros casos de cesión o alquiler irregular de viviendas sociales”, agregó.
Expectativa de pena: hasta diez años de prisión
Torres confirmó que tanto Ayala como Ojeda fueron imputados por adquisición fraudulenta de subvenciones, en su modalidad agravada. “La expectativa de pena para este tipo penal es de diez años”, precisó.
La fiscal explicó que el Ministerio Público espera que Ojeda desaloje el inmueble, y que el MUVH inicie acciones civiles para recuperar la vivienda. “Cuando se trata de viviendas sociales, solamente el beneficiario puede habitar. Cualquier modificación debe ser comunicada y autorizada por el MUVH”, recalcó.
