El contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a la polémica sobre la regulación de honorarios en instituciones públicas y señaló que debe existir control judicial para evitar discrecionalidad en la distribución de recursos.
“Yo no coincido con ese criterio. Sería interesante que un juez evalúe cuánto es el monto que uno debe cobrar en el marco del juicio que lleva. Debería ser un requisito tener una resolución judicial que disponga lo que corresponde cobrar”, afirmó.
Explicó que la práctica actual genera dudas sobre la transparencia. “La pregunta es si debería cobrar el abogado que intervino durante años en el juicio o el que intervino al final. También si cobraron todos los abogados que participaron. Hoy nos obliga a pedir informes y verificar si los otros le facturaron ese dinero al director jurídico, porque él debía haber transferido desde su cuenta”, señaló.
Sostuvo que la declaración jurada debía reflejar las obligaciones pendientes. “Si no se acordó el monto, en su declaración jurada, en el casillero de pasivos, debía haber puesto ‘le debo a fulano, fulano, fulano este monto’”, indicó.
El contralor insistió en que la regulación de honorarios debía estar sujeta a controles claros. “Dentro de una situación que puede estar justificada entran otras que no lo están. Por eso es necesario que un juez disponga cuánto corresponde cobrar”, dijo.
