El juez especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, expresó su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Justicia de reabrir la penitenciaría de Tacumbú, donde opera el clan Rotela, organización criminal que controla gran parte del penal.
El magistrado afirmó que enviar a personas con alto poder adquisitivo o vinculaciones con el crimen organizado a ese lugar sería “alimentar esa potencialidad que tiene el clan Rotela para sus diversas actividades”.
Sostuvo que en su lugar de trabajo maneja información de policías, guardiacárceles, abogados y todos coinciden en que “la penitenciaría de Tacumbú hasta un punto nomás está a cargo del Estado y el resto no”.
Según Amarilla, en ese penal hay que pagar para vivir bien, para tener protección y ese dinero no es una donación, sino que va “para potenciar otra vez un sistema que está instalado en el penal de Tacumbú”.
El juez señaló que hay que ser astutos, patriotas e inteligentes para ver cómo ir debilitando esa estructura y evitar enviar a personas que puedan ser futuros soldados o financistas del clan Rotela.
“Ese lugar sigue siendo un caldo de cultivo para soldados o para potenciar económicamente a quienes manejan el penal, yo creo que nosotros no tenemos que estar alimentando eso”, manifestó.
