Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, presentó una denuncia este miércoles contra personas innominadas por presunta lesión de confianza en la gestión de la exfiscal general Sandra Quiñónez.
Según la denuncia, los funcionarios de la institución no realizaron el reclamo judicial de la ejecución de una póliza de seguro de Royal Seguros SA, de un valor de G. 2.735.952.145, que la Fiscalía debía cobrar.
Esto deriva de un contrato en 2015 entre el Ministerio Público y el consorcio MYG para la construcción de la sede de la Fiscalía Regional de Caazapá, en el que hubo un incumplimiento contractual de parte del consorcio.
AMPLIAMOS 🔸 El Fiscal General, Emiliano Rolón, denunció a personas innominadas por una obra inconclusa durante la gestión de Sandra Quñonez.
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 23, 2023
👉🏼 El documento detalla el incumplimiento contractual por parte del consorcio MyG para la construcción de la sede fiscal regional Caazapá… pic.twitter.com/b3qu25GgBe
Ante la falta, la exfiscal general Sandra Quiñónez resolvió rescindir el contrato el 28 de noviembre de 2018 y el 6 de diciembre del mismo año comunicó a Royal Seguros el incumplimiento de la intimación de un pago de parte del consorcio, constituyéndose así la posibilidad de cobrar el monto asegurado de la póliza.
La empresa de seguros notificó el 20 de diciembre de 2018 a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio Público que se designó a Ética Peritos Liquidadores para elaborar el informe de cuentas de la obra asegurada.
Esa misma fecha, Roya Seguros solicitó información complementaria a la UOC, que el asegurado está obligado a brindar para verificar el siniestro.
El 7 de enero de 2019, Ética Peritos Liquidadores también solicitó a la UOC otra información complementaria.
El 3 de julio del mismo año, la UOC remitió a Éticas Peritos Liquidadores los documentos requeridos. El 6 y 13 de octubre de 2020, Éticas y Royal Seguros reiteraron los pedidos de información realizados el 29 de marzo.
El 13 de octubre de 2020 la UOC envió los informes solicitados. El 26 de octubre de ese año, la aseguradora comunicó al Ministerio Público que el derecho a reclamar la indemnización había vencido.
“Las conductas omisivas del o los funcionarios encargados podrían adecuarse al tipo penal de lesión de confianza, por cuanto el perjuicio patrimonial a la institución estaría dado en la falta de reclamo judicial para el cobro de las pólizas de seguro”, dice parte de la denuncia.
