05 sept 2026


Contraloría multa a Antonio Fretes por no presentar declaración jurada tras dejar la Corte

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La Contraloría General sancionó al exministro de la Corte por no presentar su declaración jurada tras abandonar su cargo. La institución le ortorgó 72 horas para abonar una multa correspondiente a un salario. El extitular del Poder Judicial se jubiló en medio de cuestionamientos por la vinculación de su hijo con un supuesto narcotraficante.

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió el jueves aplicar una multa de G. 24.131.945 al exministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes. La suma corresponde a un salario o dieta presupuestada.

Se trata de una sanción porque el exministro no presentó su declaración jurada de bienes luego de dejar su cargo. La institución le dio un plazo de 72 horas para depositar el monto en la cuenta corriente del Tesoro Público.

Según la resolución de la Contraloría, la conducta de Fretes se enmarca en el artículo 1º de la Ley N.º 6919/22, que modifica el artículo 16 de la Ley N.º 5033/13.

Dicha modificatoria establece que el contralor general sancionará a los sujetos obligados que incumplieren con las disposiciones de la ley de declaración jurada, en los casos en que “no presentaren su declaración jurada de bienes y renta, activos y pasivos dentro del término legal (...)”.

La Ley N.º 5033 establece que los sujetos obligados deben presentar su declaración jurada dentro de los 15 días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar del mismo.

Fretes se desempeñó como ministro de la Corte por 21 años y cuatro meses y en marzo de este año se acogió a la jubilación.

Ejerció la presidencia de la Corte por cinco periodos. En el último, no completó su mandato, debido a que pidió permiso para apartarse de este cargo por cuestiones personales.

Esto ocurrió cuando salió a la luz la vinculación de su hijo Amílcar Fretes con el supuesto narcotraficante extraditado a Estados Unidos, Kassem Mohaman Hijazi.

El hijo de Antonio Fretes firmó un contrato que indica que cobró USD 368.000 para dar “una salida jurídica” a la extradición de Hijazi, procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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