Yesika Bracho, una ciudadana venezolana en carácter de refugiada, figuraba como la titular de las tarjetas SIM (chips) con las que se crearon y operaron las cuentas de ataque de “Despierta Paraguay”.
Bracho ingresó al país para trabajar y, mientras se desempeñaba en una empresa publicitaria, fue inducida a comprar los chips. Ella asegura que recién se enteró del uso real que les dieron cuando la información saltó a la luz pública.
Durante una audiencia de conciliación, ella sorprendió al revocarle el poder al abogado que le habían asignado para acompañarla y presentarse con una nueva defensa. Tras lograr un acuerdo con la querella del empresario Cristian Chena para ser excluida de la acción penal, decidió colaborar con la justicia aportando testimonios y entregando su teléfono celular con valiosas pruebas resguardadas para identificar a los verdaderos responsables.
Los documentos entregados revelan transacciones que vinculan directamente a la publicitaria con la empresa Prana. Esta última firma estuvo bajo la dirección de la actual viceministra Alejandra Duarte antes de asumir su cargo actual como viceministra de comunicación del MITIC, lo que desata sospechas sobre la presunta utilización de recursos y licencias estatales para dar fuerza a estas campañas de desprestigio.
Los intervinientes advierten que no se trata de hechos aislados, sino de una red organizada que trasciende las fronteras, con operaciones y conexiones en países como Argentina y Colombia.
Al tratarse de una testigo clave en una situación de alta vulnerabilidad, la defensa y los comunicadores han hecho directamente responsable al Estado paraguayo por la integridad física de ella, solicitando la intervención urgente de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía.7