Según Figueroa, la deuda histórica con las farmacéuticas asciende a casi USD 800 millones (USD 775 millones) una cifra que contrasta significativamente con los USD 150 millones que el Ministerio de Economía habría mencionado para pagos iniciales.
Figueroa advirtió que existe una deuda específica de 130 millones de dólares arrastrada desde 2024 en la denominada fuente 915, destinada a cubrir medicamentos para enfermedades catastróficas y cáncer mediante amparos judiciales.
Los USD 20 millones presupuestados para todo el año ya se agotaron entre enero y febrero, lo que ha provocado que los proveedores dejen de presentarse a los llamados y que los pacientes con sentencias favorables no estén recibiendo su medicación.
Respecto a la propuesta de monetizar la deuda a través de bancos, el sector teme que el costo financiero (intereses de entre el 10% y 16%) recaiga sobre los proveedores.
Figueroa sostuvo que el Estado debería asumir estos intereses, ya que las empresas ya enfrentan retrasos de pago de hasta 365 días y deben cumplir con sus proveedores externos e impuestos en plazos de 60 a 90 días.
Además hasta el momento no han recibido ninguna comunicación oficial ni han sido convocados a una mesa de trabajo para consensuar el mecanismo de pago.
La vocera subrayó que esta situación no solo afecta la liquidez de las empresas y pone en riesgo puestos de trabajo, sino que el golpe más fuerte lo recibe el paciente, quien debe realizar una “peregrinación” judicial para luego encontrarse con licitaciones desiertas por falta de pago del Estado.
